Precisó titular del Poder Judicial, doctor César San Martín, tras sentencia expedida por el Tribunal Constitucional.  

El gobierno judicial no es ningún obstáculo para otorgar la nivelación de las remuneraciones que, con absoluta justicia, merecen los jueces del país, expresó esta mañana el presidente de este poder del Estado, doctor César San Martín Castro. Por el contrario, remarcó, las autoridades de este poder del Estado siempre han apoyado y apoyan la promoción económica de los magistrados.

"Ha sido una constante política del gobierno judicial que presido la de garantizar, conforme a ley, un sueldo decoroso para todos los jueces de la República", anotó.

Indicó también que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), órgano en el que se encuentran representados todos los niveles de la judicatura, e incluso los abogados, y la Sala Plena de la Corte Suprema se han esforzado por alcanzar ese objetivo al punto de que se logró incluir en la ley de presupuesto de este año una norma para establecer la nueva escala de remuneraciones, cumpliendo así las exigencias que plantea la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) respecto de los porcentajes históricos del 90%, 80% y 70% de lo que perciben los señores jueces supremos.

Proyecto de ley

"Hemos trabajado codo a codo con los presidentes de las Cortes Superiores y un equipo técnico de cinco de ellos para lograr técnicamente una salida adecuada a las exigencias justas de los jueces, siempre apoyadas por la Corte Suprema de Justicia", refirió.  

Sostuvo que, gracias a este esfuerzo, existe un proyecto de ley consensuado entre el Poder Judicial y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que recoge todas las exigencias de los jueces, y que se encuentra en el Consejo de Ministros para su aprobación, y posterior remisión al Congreso.

Subrayó, además, que el Poder Judicial logró que en el Proyecto de Presupuesto para el año 2013 se consigne el monto necesario para cubrir estas expectativas económicas de los jueces.

Dificultades   

César San Martín señaló, sin embargo, que, cuando se dicta una sentencia que no analiza las circunstancias y no toma en cuenta leyes dictadas de suspensión de normas y mecanismos para generar los auxilios presupuestales, se presentan serias dificultades. "Yo digo que la decisión del TC al respecto causa problemas, pero con el ánimo de mejorar siempre, de que haya un estricto orden financiero y  presupuestal, para que lo que se pide con justicia se cumpla en el mejor y más breve plazo", puntualizó.

Lima, 24 de septiembre de 2012
OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA