En celeridad procesal, transparencia, lucha contra corrupción, descentralización y otros temas.

Gracias a las políticas institucionales establecidas para el corto, mediano y largo plazo, el Poder Judicial, bajo la Presidencia del doctor César San Martín, está registrando avances significativos tangibles en diversos ámbitos de su quehacer, buscando con ello garantizar cada vez mejor una justicia de calidad en beneficio de la ciudadanía. 

En materia de descarga procesal, durante el año 2011, y por primera vez en la historia judicial peruana, la estadística registró que el número de expedientes resueltos superó en cien mil el de las causas ingresadas ese año, significando el punto de quiebre para lograr el objetivo de la "carga cero" en el mediano plazo.  

Igualmente, con el Nuevo Código Procesal Penal, vigente en 21 Distritos Judiciales, el número de personas en cárcel sentenciadas dio un vuelco histórico. Ahora los presos sin condena representan el 30 por ciento mientras que los sentenciados suman en total el 70 por ciento. Además, el número de quejas contra magistrados se ha reducido ostensiblemente.

Transparencia

En transparencia y acceso a la información está en plena ejecución el Plan Nacional de Desarrollo Tecnológico. Cinco de sus productos han sido calificados dentro de las mejores buenas prácticas estatales en gestión pública.
Destacan entre ellas el Certificado de Antecedentes Penales en Línea, el Sistema de Notificaciones Electrónicas en el marco de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, y el Registro de Control Biométrico de Procesados y Sentenciados Libres. 

En lucha contra la corrupción, este año se incrementó el presupuesto de la OCMA en un 6% y se creó en su estructura la Unidad de Información e Investigaciones Especiales para afianzar el combate a las inconductas funcionales, así como se fortaleció a esa oficina con mayor y mejor personal y equipamiento.

Mayor eficacia

Para asegurar una mayor eficacia en la investigación judicial, juzgamiento y sanción de delitos graves de crimen organizado, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), delimitó las competencias a la Sala Penal Nacional.  Dicho órgano jurisdiccional tendrá competencia para conocer ilícitos cometidos contra periodistas en el ejercicio de sus funciones; así como para resolver casos referidos a homicidio, asesinato, lesiones, secuestro y extorsión; lavado de activos, minería ilegal agravada, causas derivados de convulsión social en lugares declarados en estado de emergencia, y los procesos por delitos de corrupción siempre que sean complejos y generen repercusión nacional. 

En cuanto a la eficiencia del gasto, durante el año 2011 el Poder Judicial ejecutó el 98 por ciento de su presupuesto asignado, lo que le significó un reconocimiento por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Además, durante este año, empezaron a funcionar las Unidades Ejecutoras en las Cortes Superiores de Justicia, y a partir del próximo año operarán 16 de ellas, que en conjunto gestionarán el 53 por ciento del presupuesto total del Poder Judicial, significando un gran paso en el ámbito de la descentralización administrativa de este poder del Estado. 

Lima, 21 de agosto de 2012
OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA DE LA CORTE SUPREMA