Aclara que demora en juicio oral no se debió a negligencia judicial.

El Poder Judicial aclaró hoy que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó cuatro recomendaciones al Estado peruano en relación con el caso Chavín Huántar, algunas de las cuales no comprometen a la institución, no circunscribiéndose a una  supuesta demora en el juicio oral seguido en la vía ordinaria a cuatro personas por ejecuciones extrajudiciales

Las otras tres son: reparar adecuadamente las violaciones de Derechos Humanos declaradas en su informe tanto en el aspecto material como moral, disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la cual, en su opinión, se encuentran los hechos de este caso, y aprobar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, y sobre todo, apuntalar programas de capacitación en Derechos Humanos en la formación de las Fuerzas Armadas y Policiales.

El Poder Judicial resalta como la misma Procuraduría Supranacional del Ministerio de Justicia ha reconocido que en este caso no ha habido impunidad sino más bien la determinación, vía contienda de competencia resuelta por la Corte Suprema, de que ciertas personas deben ser juzgadas  por la justicia militar y otras deberán ser procesadas por la judicatura ordinaria.

Además, destaca que en el juicio oral actualmente en giro se están cumpliendo y respetando todas las garantías del debido proceso, dejando en claro que si los abogados de la parte civil no asisten a las audiencias es por su propia voluntad.

Aclaraciones frente a supuesta demora en el proceso

El Poder Judicial destaca que si bien  ha habido demora en el procesamiento judicial de los hechos, ello, como reconoce la misma Procuraduría Supranacional del Ministerio de Justicia, no se debió a una supuesta negligencia, tal como se ha informado erróneamente en los últimos días.

Incluso, la propia  Procuraduría Supranacional del Ministerio de Justicia señala que el primer quiebre al juicio oral ocurre por el ascenso del juez José Neyra Flores a la condición de Juez Supremo  Provisional, y la no ratificación del Juez Carlos Manrique Suárez por el Consejo Nacional de la Magistratura. El segundo quiebre se da por el cambio del juez Emérito Ramírez, así como por un problema de salud de la jueza Sonia Téllez.

En ese contexto, un tercer procesamiento ya se ha iniciado. Para evitar un nuevo quiebre, la Sala competente para ver ese caso, de acuerdo con una decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, viene actuando a dedicación exclusiva y efectuando varias audiencias a la semana con el compromiso que este caso concluya cuanto antes.

Lima, 2 de enero de 2012
DIRECCIÓN DE IMAGEN Y PRENSA DEL PODER JUDICIAL