CAPÍTULO II: Historia y Legado

	Desde los tiempos bíblicos la justicia ha estado presente en el pensamiento de los hombres: “En Ti, Yahvé, me refugio; no quedo yo nunca confundido; sálvame con tu justicia” (Salmos. 30, 2). Y Proverbios se nos enseña: "En el sendero de la justicia está la vida, mas el camino tortuoso lleva a la muerte".         El vocablo “justicia” deriva del latín “iustia”, y éste, de “ius” que significa bien que se puede reclamar en derecho. La palabra está personificada en la diosa Iustitia, en forma de noble matrona que mantiene una espada - la Ley - o un balanza - la Equidad -, o ambos atributos, y se suele representar con los ojos vendados - Imparcialidad -.         Desde antiguas civilizaciones, la justicia ha sido uno de los ideales en el desarrollo de las sociedades.
	Platón, uno de los grandes filósofos griegos, concebía la justicia ideal como una derivación de la armonía social de por medio de la práctica de la beneficencia. Algunos tratadistas siguen ese concepto básico al considerar que la justicia está determinada por la herencia social y las expectativas naturales de conducta.         Entre nosotros, la Civilización Inca aplicó la justicia según los principios de cada localidad, pues las normas no eran similares para todo el Imperio, salvo lo vinculado directamente al líder.
	Con la Conquista Española se estableció la Audiencia, una institución que poseía la facultad de administrar justicia. Cuando se consolida la Independencia Política del Perú, el general Don José de San Martín le dio autonomía al Poder Judicial, mientras que, mediante decreto, Don Simón Bolívar estableció la Corte Suprema de Justicia, cuyo primer Presidente fue Don Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada.         No son muchos los sitios en Lima donde ha desempeñado funciones la administración de justicia, desde los días virreinales, hasta ocupar definitivamente el actual edificio en el Paseo de los Héroes. En un inicio, ejerció sus funciones en el Palacio de los Virreyes, actual Palacio de Gobierno: “están - según anota el cronista jesuita Bernardo Cobo - los estrados y salas de la Real Audiencia, del Acuerdo y del Crimen, costosamente adornados”.
	Concluido el proceso de Independencia del Perú y establecidas las nuevas autoridades judiciales, las salas funcionaron en el domicilio de los jueces. Los inconvenientes que traía esta disposición determinaron su traslado al local de Palacio de Gobierno. Es allí donde es instalada la Corte Superior, el 25 de febrero de 1825, por mandato de Simón Bolívar.        Durante el Gobierno del Presidente Pedro Díez Canseco se consideró que, para el buen ejercicio de las funciones de justicia, era necesario dotar de un edificio propio a los tribunales y juzgados para que contaran con las condiciones de seguridad y decencia adecuadas. Se trasladó entonces la institución a un nuevo local, ubicado en la antigua calle de la Aduana, que corresponde a la quinta cuadra del jirón Ayacucho hoy Antonio Miró Quesada.
	Este inmueble fue propiedad original de la Orden Jesuita. En ella estableció el virrey don Martín Enríquez El Colegio San Martín, que fuera dirigido por dicha comunidad religiosa, para la enseñanza de Teología,  Jurisprudencia y Gramática, en 1582.         Pero tras la expulsión de los Jesuitas del Perú en 1767, el gobierno del virrey tomó posesión del local y estableció en su lugar la Aduana, que por ello le da nombre a la calle. Posteriormente, en 1855, fue local de la Escuela Normal y después fue adjudicado a la Universidad Mayor de San Marcos.
	Mediante permuta, el Gobierno quedó como dueño absoluto del local, luego de adjudicarse las propiedades en 1902. En ella funcionaron las Cortes de Justicia, los Juzgados de Primera Instancia, el Colegio de Abogados y el Registro de la Propiedad Inmueble.         Al principio fue todo comodidad, pero posteriormente se reclamó una mejor distribución de sus reparticiones y por ello hubo varios intentos para construir un local mas acorde con sus funciones. Así, el Gobierno del Presidente Manuel Pardo dispuso, por mandato de la Ley, en 1906 la construcción del Palacio, con frente hacia la actual Plaza San Martín. Por vicisitudes que no se remediaron y, por más dignos propósitos, el proyecto no llegó a concretarse.
	Al celebrarse el centenario de la instalación de la Corte Suprema, esto es, en 1925, el Presidente de entonces, Augusto B. Leguía (1919 – 1930), dispuso construir un Palacio digno de la majestad de sus funciones.         Llegaría el 26 de mayo de 1928, día en que se expidió la partida de nacimiento para la edificación de la actual local del Palacio de Justicia, en el terreno de la Cárcel de Guadalupe, ubicado entre las calles de San Buenaventura, donde se levantaba la iglesia del mismo nombre con su huerta propia, respecto de la cual se afirmaba que era el más grande que existía en la ciudad; la de Tipuani, con el Hospital Francés, a cargo de las religiosas francesas de San José de Cluny, y la calle de Cotabambas.         El encargado de proyectar la obra fue el Arquitecto Polaco Bruno Paprowsky, quien por ese entonces formaba parte de un grupo de arquitectos extranjeros afincados en Lima. El 7 de enero de 1928  se iniciaron los trabajos del Palacio, luego de ser aprobados tanto el proyecto, como la memoria de descriptiva y el presupuesto del caso, y al aceptarse la propuesta de The H.G. Gildred Company. Sin embargo,  se produjeron los infaustos hechos de agosto de 1930 en Arequipa, correspondientes a la sublevación del teniente coronel Luis Miguel Sánchez Cerro, quien asumió el Gobierno y dispuso, entre otras acciones, la suspensión de las obras del nuevo Palacio de Justicia.
	Los trabajos, luego de muchas y diversas gestiones, se reanudaron en 1937, durante el Gobierno del Presidente Oscar Raymundo Benavides Larrea, después de aceptar, por licitación, la propuesta de construcción presentada por la empresa Juvenal Mongue y Cia. Constructora S.A., la cual debía concluir los trabajos en treinta meses.         El financiamiento fue asumido por el Estado, amparado en dispositivos legales vigentes, y por la emisión de los denominados “Bonos especiales para la construcción del Palacio Nacional de Justicia”, así como también por la proyección del alquiler de cien oficinas en el local, una vez que estuviera en funcionamiento.         El edificio fue inaugurado por el mismo Presidente Benavides - dentro de los términos acordados - el 5 de diciembre de 1939, ante una selecta y nutrida concurrencia. Es cierto que al edificio le faltaban detalles, pero el 8 de diciembre de ese año, el mandatario entrego el cargo a Don Manuel Prado Ugarteche: “En este magnífico edificio, cuya artística y severa arquitectura embellece a nuestra capital, podrá en lo sucesivo el Poder Judicial ejercer con dignidad sus augustas funciones”.
	La distribución de sus espacios quedo como sigue: en el sótano, el Archivo General, el Departamento de Servicios, Comisarías y Cárcel Preventiva; en el primer piso, locales para el registro de la propiedad inmueble, el Archivo Nacional y 26 departamentos para oficinas de alquiler; en el segundo piso se ubicó la Corte Suprema y siete departamentos para juzgados, y en el cuarto piso, otros cuarenta y ocho departamentos para oficinas de alquiler y el local para el Colegio de Abogados.         Ciertos servidores ocuparon también el sótano con sus familias por un tiempo. Hubo también una cafetería que el escritor Julio Ramón Ribeyro nos describe en su cuento Cambio de Guardia: “(…) existía, (…) una sala de té donde los Funcionarios se hacían reverencias, y educadamente, mientras comían galletas de soda, concertaban la reclusión perpetua de un acusado”.
	La inauguración de este legado fue todo un acontecimiento. Se distribuyeron medallas conmemorativas con el diseño del proyecto original y Eduardo Recavarren Ulloa proyectó editar una publicación conmemorativa de la inauguración.         La administración de justicia tuvo desde ese instante un recinto digno de su jerarquía, elevado a un nivel de cultura y civilización, como se describía entonces.         En cuanto al entorno urbano del Palacio, éste fue enriquecido por la nueva instalación. La monumentalidad del edificio, con su nueva fachada tratada en estilo clásico - adaptación de los órdenes dórico y corintio - vino a dar grandiosidad al espacio, dada su elevación.
	El edificio respondió entonces al clamor del público que reclamaba la construcción de un Palacio Nacional de Justicia. Este poder autónomo sumó así su local propio al esplendor de las sedes de Gobierno.